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8 DE ENERO 2019 - 12 Hs. (+Info)

Con el triunfo de la “Doctrina Chocobar” el gatillo fácil es legal

Envalentonados por la realización de la cumbre del G 20 sin mayores inconvenientes y bajo una ciudad militarizada, el gobierno nacional fue por más y a pesar de lo resuelto por la Justicia, lograron imponer la denominada “Doctrina Chocobar” y ahora la Policía y otras fuerzas federales podrán disparar con armas

 de fuego a una persona que huye. Fue publicado en el Boletín Oficial del día lunes 3 de diciembre la oficialización de la resolución  956/2018 del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich en el que se crea un nuevo Reglamento General para el empleo de armas de fuego" por parte de las fuerzas de Seguridad. La medida que se había dictado en relación a la seguridad de la cumbre del G 20 ahora quedo firme y se seguirá aplicando. En la Resolución que da lugar al cambio de procedimiento se afirma que "Resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, cuando se encuentren en una situación de peligro inminente, como así también velar por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas": de esta forma Bullrich increíblemente se faculta a si misma bajo "la conducción política del esfuerzo nacional de policía". La resolución es un claro retroceso en materia de Derechos Humanos y contradice lo expresado en el artículo 2º del Código de Conducta de la ONU de 1979 dice que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. El art. 3º autoriza el uso de la fuerza “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas”. En los Principios Básicos, se autoriza el uso de la fuerza y las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces, aclarando que, cuando su empleo sea inevitable, se ejercerá con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana. Las fuerzas autorizadas a este cambio de procedimiento y actuación son la policía federal argentina, la gendarmería nacional, la prefectura naval argentina y la policía de seguridad aeroportuaria", quedando excluida por el momento la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente de esta forma queda legalizado el gatillo fácil, que es considerado un suerte de “pena de muerte de hecho”, una forma de represión y castigo que solo se ha aplicado en los barrios más pobres y las victimas siempre han sido personas en especial jóvenes pobres, un dato estadístico que no es menor señala que desde la vuelta de la democracia hasta hoy (casi 35 años) esta práctica represiva ilegal por parte de las fuerzas de seguridad estatales se cobró la vida de más de 5400 personas.

 

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