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21 DE NOVIEMBRE 2018 - 11.00 Hs.  (+ Info)

La Justicia suspende la implementación de la Ley para incinerar basura en la Ciudad

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La Justicia suspendió la implementación de la Ley nº 5.966 que autoriza a  incinerar basura en la Ciudad de Buenos Aires a través de un de la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, que el con fecha 27 de junio ordenó disponer la suspensión inmediata de

 

los efectos de la Ley N° 5.966, es decir, suspende la autorización legal para que el Gobierno porteño pueda incinerar residuos. La magistrada dispuso la suspensión de la norma aprobada el 3 de mayo de 2018 por la Legislatura de la Ciudad, hasta tanto se cumpla el procedimiento legal o haya sentencia definitiva. El fallo judicial sostiene que se violaron los procedimientos que establece la Constitución local para las leyes ambientales y entre  los fundamentos de la resolución se señala:  

1) Las cuestiones ambientales son materia legal (aspecto subjetivo) y tiene dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de Doble Lectura.

2) Que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996 –dictar el Código Ambiental-  tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan por procedimiento común, una verdadera corruptela. Hay que descartar la argucia por la cual se aparta a la Ley 5966 del procedimiento especial de doble lectura ya que el artículo 89 de la Constitución utiliza el conector “y” entre las palabras “materias”  y “modificaciones” de lo cual surge que la materia ambiental -que es lo de este caso- puede o no estar codificada pero en ninguno de los casos, quedar por ello exenta del procedimiento especial de doble lectura.

3) Ante la evidencia contundente de que la Ley motivo de análisis ha sido sancionada sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura, de acuerdo a lo informado por la Legislatura, corresponde hacer lugar a la petición cautelar suspendiendo así los efectos de una Ley sancionada sin los requisitos de procedimiento Constitucional.

Jonothan Baldiviezo  representante legal de un amparo presentado por recicladores urbanos y organizaciones defensoras del medio ambiente expresó que en los autos caratulados como Federación de Cooperativas de Reciclado y otros contra el GCBA, la jueza hizo lugar al amparo,  y además explicó, que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan, pero que la inexistencia de dicho Código no habilita la omisión de la doble lectura. Baldiviezo también indicó  que “es importante este argumento porque a pesar del incumplimiento por parte de la Ciudad de dictar un Código Ambiental, falta que viene desde el año 1996, dice que la ley tiene que ser tratada como si existiera, con doble lectura y participación ciudadana, y que el incumplimiento no puede beneficiar a la Legislatura”.

 

 

 

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